Ya van casi doscientos niñas, niños y adolescentes intoxicados: 100 en Piura, 25 en Ancash, 26 en Junín, 18 en Amazonas, 26 en Loreto, de lo que se ha conocido a través de los medios. Y no olvidemos el caso de 23 niñas y niños del distrito de Cabana, San Román (Puno) intoxicados gravemente en marzo del 2024, un escándalo que precipitó la renuncia del ex ministro del MIDIS De Martini y que ha llevado a las víctimas y sus familias a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el estado peruano por las graves afectaciones a su salud física y emocional. La corrupción vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza; y eso no debe quedar impune.

La alimentación escolar no es una dádiva, es un derecho a la salud y a la educación que asegura la provisión de alimentos complementarios para cuatro millones de escolares. La realidad de las familias es crítica y para muchas de ellas es un alivio a sus economías que todas las peruanas y peruanos hacemos posible con los impuestos que pagamos, de tal forma que pueda beneficiar a quienes más lo requieren. En el año 2024 el programa de alimentación escolar, antes llamado Qali Warma gastó 2,379 millones de soles; para este año se ha presupuestado 2,615 millones de soles. De estos montos, 140 millones aproximadamente se gasta en el aparato burocrático, su personal y sus insumos para que el programa funcione. Pero no cabe duda que no está funcionando bien y eso lo ha declarado la misma ministra Urteaga, quien ya debería haber renunciado por ser la responsable política de la intoxicación de 200 niños, niñas y adolescentes peruanos y por privar de las raciones de alimentos a otros cuatro millones, según dicen mientras rediseñan el programa.

La cantidad de dinero que se mueve es enorme y no sería de extrañar que muchos procesos de compra que se gestionan estén tan agusanados como los productos que se les dio de comer a los niños y niñas. De allí la indignación de las madres a quienes se les quiso responsabilizar por cometer errores en la preparación, como si decenas de mujeres en una conspiración macabra en cinco regiones del país hayan decidido envenenar a sus hijos e hijas, nada más absurdo y cínico para eludir responsabilidades.

Una primera acción que le corresponde a este gobierno es pedir perdón a las niñas, niños y adolescentes usuarios del programa porque han sido engañados y estafados: en vez de recibir alimentos de calidad en sus Instituciones Educativas les enviaron productos adulterados y en descomposición. Si esto le hubiera sucedido a personas adultas, hubieran declarado en los medios y todos los hubiéramos escuchado, y si estas personas hubieran sido un selecto grupo de empresarios intoxicados en una cena de gala en palacio de gobierno se asumiría como un atentado a sus vidas. Pero, se trata de niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas públicas de barrios populares y comunidades campesinas, y muy poco le importan a quienes nos gobiernan.

Corresponde a la presidenta y a la ministra pedir perdón con sinceridad. El programa prometió comida casera para que puedan estar más saludables y mejorar su rendimiento escolar y en vez de ello les dan comida malograda que les ha causado dolores estomacales, vómitos, diarreas y desmayos. Pidan perdón a las niñas, niños y adolescentes y restituyan cuanto antes el programa de alimentación escolar, aceptando que deben ser las madres y padres de familias y los propios niños, niñas y adolescentes quienes deben tener un rol protagónico en la gestión del programa en cada localidad. La reorientación urgente de la alimentación escolar pasa por una fuerte vigilancia social en los comités de compras, supervisión estricta y control de calidad, porque el hambre no espera un día más ¡Más respeto con las niñeces y adolescencias!