En el año 2024 han desaparecido 185 personas de 0 a 5 años, 591 de 6 a 11 años y 8778 de 12 a 17 años. En enero y febrero del presente año el Reporte Igualdad y No Violencia N°61 de la Defensoría del Pueblo indica que van 943 desapariciones de niñas y adolescentes en Lima Metropolitana, le sigue Cusco, Callao, La Libertad y Lambayeque. 

Queda claro, la desaparición de personas es un fenómeno que tiene que analizarse desde una perspectiva de género y generacional porque está directamente relacionada con la violencia de género que se presenta en diversos ámbitos de la vida de las mujeres, y por supuesto también se explica debido al incremento de la criminalidad. Pero no es lo único, se relaciona con las políticas públicas del estado para la protección y la seguridad de la ciudadanía, es decir con lo que el estado peruano hace y deja de hacer; con las prioridades en su agenda política; con el cumplimiento de su rol garante de derechos; con la calidad y el nivel de las instituciones encargadas y los enfoques con los que aborda el fenómeno de la desaparición de personas.

Ante esta realidad es imperdonable que existan legisladores que soslayan la violencia de género, la nieguen o la encubran. Y lo que resulta insultante para las mujeres es que la señora Milagros Jáuregui (Renovación Popular) utilizando el argumento de la igualdad pretenda erradicar la figura del feminicidio y reemplazarlo por asesinato de la pareja. Recordemos que en el año 2024 se cometieron 170 feminicidios en el Perú de los cuales 10 de las víctimas fueron niñas y adolescentes, este año entre enero y febrero han asesinado 11 mujeres, una de ellas era una niña. El origen del feminicidio y de las desapariciones de las niñas, jóvenes y mujeres adultas es el mismo, la violencia de género.

Los casos de desapariciones de adolescentes mujeres están asociados a la violencia física, psicológica y sexual en el ámbito familiar, escolar, grupos de pares y redes sociales, y relaciones de pareja, que las vulnera expulsándolas o aislándolas lejos de los entornos que debieran ser seguros y protectores, lesionando su autoconfianza y colocándolas en riesgo de fuga, en situación de calle o víctimas de trata, explotación y feminicidio. De allí que las familias y las comunidades estemos en la primera línea del cuidado y el acompañamiento de las niñas y adolescentes.

En la página web “desaparecidos en Perú” de la Policía Nacional se instruye que no es necesario esperar 24 horas para reportar, hay que acercarse a cualquier dependencia policial con la foto más reciente de la persona desaparecida, e incluso llamar a la línea 114. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo explica que si bien hay avances normativos “urge una efectiva y célere atención de las denuncias, así como una adecuada articulación de las entidades involucradas”. Asimismo, recomienda que las personas que reciben las denuncias deben ser especializadas en género y en temas de niñez y adolescencia ¿Qué tanto se especializan los efectivos policiales? ¿Qué tan libres están de prejuicios y estereotipos de género? ¿La corrupción habrá alcanzado éstas instancias enterrando y dejando casos en la impunidad?

Termino compartiendo lo que un grupo de niñas, niños y adolescentes trabajadores organizados de Andahuaylas respondieron cuando fueron preguntados por lo que significa para ellas y ellos el desarrollo integral. Sus respuestas fueron impactantes: “Desarrollo integral es que no haya violaciones, que los niños sean respetados, que las mujeres no desaparezcan, que nuestros derechos se cumplan, que no secuestren a las niñas, que no haya maltrato, que no haya explotación, que no haya desaparición de las niñas, que nosotros vivamos felices”.