El movimiento social está vivo y se revitaliza día a día silenciosamente, es posible que no los veamos en las calles o en las redes sociales, pero está vivo haciendo lo suyo y luchando por lo que consideran justo. Como parte de ese movimiento, las organizaciones de niñas, niños y adolescentes acompañadas de adultos colaboradores que resguardan su participación libre y segura, elaboran sus planes de trabajo, realizan sus eventos y despliegan su activismo a su ritmo y estilo, lo que a muchos adultos les resulta difícil de creer y respetar. Y así como hemos aprendido a luchar por lo que creemos, las niñas, niños y adolescentes organizados no son la excepción. El año pasado, gracias al apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil en torno a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza – MCLCP pudieron encontrarse, revisar el informe oficial del estado peruano que rendía cuentas ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño y plasmar su propia valoración en lo que se denomina el informe alternativo de los avances y desafíos en el cumplimiento de sus derechos.

Este informe es de suma relevancia por dos motivos: 1) contiene la voz genuina de los sujetos de derechos y 2) hace posible que el Comité Internacional de los Derechos del Niño amplíe su perspectiva de lo que realmente ocurre con las niñeces y adolescencias para luego profundizar sus diálogos con la delegación oficial del estado peruano (ver mi artículo anterior). Esto explica sus preguntas y comentarios agudos y la larga lista de preocupaciones con respecto a los retrocesos en materia de infancia, entre ellos la amenazante fusión del MIDIS y el MIMP con el riesgo que las poblaciones más vulneradas queden invisibilizadas bajo una “perspectiva familiar” (por cierto, muy presente en los discursos conservadores, sesgados y negacionistas de las realidades específicas de infancias, mujeres y adultos mayores).

En este breve artículo solo incluyo algunas de las valoraciones expresadas por las niñas, niños y adolescentes organizados en lo que respecta a educación y la salud. Respecto a su derecho a la educación han manifestado que esta no es gratuita ni adecuada en las Instituciones Educativas públicas. Allí solo reciben lo básico a tal punto que no les permite acceder a la educación superior, tampoco reciben Educación Sexual Integral que consideran importante para sus vidas. Denuncian la deserción escolar, la falta de atención adecuada a las niñeces y adolescencias con discapacidad, la prevalencia de la discriminación por género, la limitada atención de los casos de bullying (que son muchos) y no contar con docentes suficientemente preparados para brindarles una educación de calidad.

Respecto a su derecho a la salud, consideran que no se atiende la salud mental que permita evitar el suicidio de adolescentes, tampoco se previene el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Mencionan que si bien las cifras de vacunación son altas, les preocupa que no se brinde información a las madres y padres que dudan y se resisten a llevar a vacunar a sus hijas e hijos siendo un derecho. Demandan servicios de salud especializados para adolescentes y programas de salud sexual integral para niñas, niños y adolescentes en los centros de salud, así como la adecuada implementación del aborto terapéutico. Finalmente, consideran que no se está asegurando su derecho a la protección frente a la violencia que viven cotidianamente.

Es indispensable que prestemos atención a lo que están diciendo las niñas, niños y adolescentes, a sus preocupaciones y demandas. No es posible insistir en diseñar programas, planes y políticas sin considerar sus perspectivas solo porque somos adultos y nos creemos los únicos conocedores. Estamos ante un momento oscuro y calamitoso en la política peruana y las peores consecuencias las están pagando las infancias y juventudes y no debemos permitirlo. Unamos nuestras voces a las suyas y demandemos lo que les corresponde por derecho.