De los 11 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan el Perú, por lo menos la tercera parte vive en hogares cuyas familias no pueden asegurarles todas las oportunidades que necesitan para desarrollarse y vivir dignamente. Es allí en donde el estado tiene que intervenir para proveer lo que necesitan ya que sus derechos pueden ser vulnerados por el hecho de vivir en pobreza, ser indígenas o afrodescendientes, ser mujeres o con identidad LGTBIQ, vivir en ruralidad o en fronteras, ser migrante, o cualquier otra condición que los coloque en desigualdad y desventaja. Las políticas públicas a cargo de diversos sectores deben ser monitoreadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, ente rector en materia de infancia y responsable de hacer seguimiento a las metas trazadas en la Política Nacional Multisectorial para las Niñas Niños y Adolescentes al 2030.

Por ello, la Ministra del MIMP Teresa Hernández, encabezó la delegación que presentó el 20 y 21 de enero el Informe del estado de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Perú ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño con sede en Ginebra (CIDN). Al leerlo se comprende por qué los comisionados fueron tan incisivos y detallistas en sus comentarios y preguntas a la delegación peruana. Y es que el informe no logra presentar la situación real y actual de las niñeces y adolescencias en el Perú y qué es lo que ha hecho el estado peruano entre los años 2013 y 2024 para asegurar sus derechos. Por el contrario, el informe abunda en leyes e instrumentos aprobados (guías, protocolos, cartillas, etc.), y un sinnúmero de actividades, como capacitaciones a servidores públicos, campañas, estrategias, eventos. Siendo un periodo tan extenso el que se reportó (ya que no se examinaron los avances durante la pandemia) se rindió cuentas de actividades que hoy resultan de poca relevancia y más bien escasearon las cifras que evidencien avances y logros.

No es extraño que Luis Pedernera (Uruguay), uno de los tres comisionados por América Latina y conocedor de la realidad peruana haya preguntado: ¿Qué ha hecho el estado peruano para que la crisis actual no afecte a las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué hará el ente rector frente a la arremetida de grupos conservadores y antiderechos del Congreso de la República, a quienes parece molestarles la educación sexual integral y pretenden disminuir la edad de imputabilidad penal? ¿Qué lugar tendrá la niñez en la fusión MIDIS-MIMP y cómo se garantizará la visibilidad de las niñeces y adolescencias en la política nacional? Con la violencia que se vive en el Perú ¿Por qué no aumentan las partidas presupuestarias para su protección? ¿Qué medidas se están tomando para evitar la discriminación a niñeces y adolescencias indígenas, migrantes y con identidad LGTBIQ? ¿Qué se está haciendo para aumentar la reunificación familiar y disminuir la institucionalización en el caso de niñas, niños y adolescentes declarados en abandono? Y como estás muchas otras preguntas más.

Pero no fue lo único, el comité estaba al tanto de casos de grave vulneración a los derechos de la infancia como: el asesinato de siete adolescentes por las fuerzas del orden durante el estallido social de fines del 2022 y primeros meses del 2023 y la demora en la justicia y reparación; el caso de La Oroya y los niños y niñas con metales pesados en el cuerpo; la contratación de maestros abusadores sexuales; el caso Camila y la implementación adecuada del aborto terapéutico de niñas y adolescentes embarazadas como consecuencia de una violación sexual; el caso de la trata y explotación de niñas, niños y adolescentes en Madre de Dios; la limitada atención y desabastecimiento de medicinas en los servicios de salud y en especial para casos de VIH, diabetes, infecciones respiratorias, etc.; la reforma del sistema de justicia de menores; la atención a la población migrante y refugiada; entre otros asuntos pendientes.

Estamos ante una sistemática vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes y en el marco del informe nacional se ha expuesto ante el mundo que el estado peruano no está asumiendo debidamente su rol garante, por el contrario, no se evidencia voluntad política por parte del gobierno actual. Si el CIDN tuviera que calificar el informe y la actuación del estado peruano para con las infancias y adolescencias, probablemente resultaría desaprobado.