En 1990 el estado peruano suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño comprometiéndose a asegurar los derechos a las poblaciones de 0 a 18 años; y en 1993 suscribe el Convenio 169 que garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Dos instrumentos de gran importancia para atender a poblaciones históricamente vulneradas. Desde entonces se pueden contar algunos avances, pero no los suficientes. Cada gobierno de turno con más o menos compromiso ha hecho lo suyo a través de las políticas públicas, pero nunca un gobierno fue tan indolente e irresponsable como el actual en materia de infancia. Lo que están haciendo y lo que están dejando de hacer contraviene los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y aquí cuatro situaciones que lo demuestran.

ANEMIA. En relación a la primera infancia, base del desarrollo humano integral, la atención en salud es deficiente hasta en lo primordial. El 43% de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad padecen de anemia y en algunas regiones la cifra se eleva sobre el 70%. Se sabe bien que afectará su desarrollo motor, su capacidad de memoria y aprendizaje. Si la señora Boluarte quiere un país con futuro, no lo tendrá.

VIOLENCIA POLÍTICA. La violencia generalizada en los hogares, escuelas, calles y la misma violencia política del estado, tiene entre las niñas, niños y adolescentes a sus principales víctimas. Basta recordar a los siete adolescentes asesinados por este gobierno durante las protestas y los cientos de heridos. Pero además de los daños directos a sus cuerpos, hay daños psicológicos: terror a las fuerzas del orden, cólera y dolor al ver a sus familiares y vecinos heridos, asesinados, humillados y maltratados por ejercer su derecho a protestar, e impotencia porque la justicia no llega ¿Cómo se construye ciudadanía en un estado que asesina a sus niñas y niños? ¿Quiénes son los terroristas en este país?

VIOLACIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Con la extensión del sistema educativo, el Perú ostentó importantes cifras de cobertura de matrícula en las Instituciones Educativas, pero no garantizó el logro de los aprendizajes ni tampoco su seguridad y protección. Después del hogar la escuela debiera segur el lugar más seguro, sin embargo, en los últimos diez años se han reportado 13,924 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el Portal SíSeve del Ministerio de Educación. Sin embargo, son muchos más. Solo en el territorio de los Pueblos Awajún en la Región Amazonas, el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi ha denunciado más de 500 casos sin contar los del presente año. Improvisar respuestas, anunciar acciones que no se hacen, dejar fuera a las organizaciones indígenas, evidencia el escaso o nulo interés que el estado peruano le está prestando a las infancias violentadas sexualmente al interior de las Instituciones Educativas Públicas.

EMBARAZO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES. El embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años no disminuye y más bien se incrementa el embarazo entre las niñas con menos de 15 años. Mientras el conservadurismo retrógrado mantenga una cuota de poder en el gobierno, seguirán existiendo obstáculos para implementar la Educación Sexual Integral, que haría posible que las niñas, niños y adolescentes puedan conocer y comprender sus cuerpos, cuidarlos y protegerlos, pero además establecer relaciones saludables, reaccionar ante cualquier indicio de acoso y pedir ayuda.

Estas no son las únicas situaciones que afectan a las infancias peruanas, también les afecta la informalidad laboral, la inseguridad ciudadana, la crisis económica, el despotismo del gobierno, la corrupción normalizada, la impunidad, la injusticia y la pérdida de derechos ciudadanos. El actual gobierno de la señora Boluarte y las mafias enquistadas en el congreso con 5% y 4% de aprobación son responsables directas de la vulneración de los derechos de las infancias peruanas, y tendrán que pagar por ello tarde o temprano. Sigamos protestando y denunciando.