En la última semana, la indignación frente a las declaraciones del Ministro de Educación Morgan Quero y de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Angela Hernández en torno a los casos de violaciones sexuales a adolescentes escolares en los territorios de los pueblos awajún y wampis, nos han unido en un solo sentimiento: un rechazo total a estas autoridades que evidencian su incompetencia e ignorancia en relación a la violencia sexual que viven miles de niñas, niños y adolescentes en las Instituciones Educativas, que además dejan ver sus estereotipos y prejuicios frente a las culturas de los pueblos originarios cuando pretenden atribuir delitos de violación sexual a prácticas culturales. No les queda más que renunciar.

El contexto de estos hechos es la denuncia realizada por la lideresa Rosemery Pioc, Presidenta del Consejo de Mujeres Awajún/Wampis por 524 casos de violaciones sexuales que se han dado desde el año 2010 en las Instituciones Educativas Secundarias del ámbito de la UGEL Condorcanqui (Amazonas). Los pueblos Awajún y Wampis han venido denunciando estos hechos desde el año 2015, que han merecido informes y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en reiteradas ocasiones. Queda claro, corresponde por delante tomar los casos como prioridad en consorcio intersectorial para la atención a las víctimas, la justicia para todas ellas y ellos, el encarcelamiento de los responsables y asegurar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos, porque si no estos docentes seguirán violando escolares en sus nuevos puestos, cuando les corresponde pagar prisión efectiva e indemnización.

A propósito de estos hechos cabe destacar que la violencia sexual en el ámbito escolar se ha dado desde que existen escuelas, tampoco se circunscribe a lugares lejanos y olvidados por el estado y la justicia, ocurren todo el tiempo y en todas las regiones del país. Las Instituciones Educativas debieran ser lugares seguros en donde las y los estudiantes se sientan protegidos y puedan confiar en el personal docente, pero esa no es la realidad.

Desde el año 2013 el Ministerio de Educación implementó la plataforma SíseVe contra la violencia escolar, que permite a cualquier actor de la comunidad educativa reportar casos de violencia física, psicológica y sexual, lo que ha permitido conocer la existencia de 8467 casos de violencia sexual que van desde hostigamientos sexuales, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos y violaciones sexuales. Estos últimos constituyen 1,108 casos reportados a nivel nacional en los últimos 11 años, en los cuales los violadores son trabajadores de las Instituciones Educativas y las víctimas, escolares de los niveles inicial, primaria y secundaria, es decir niñas, niños y adolescentes con edades entre 3 y 17 años.

Pero, es evidente que no se reportan todos los casos. En el ámbito de la UGEL Condorcanqui, en donde han estallado las denuncias comentadas, la plataforma SíseVe arroja 59 casos de violaciones sexuales contra escolares entre septiembre 2015 y septiembre 2022, alrededor del 10% de lo denunciado por Rosemery Pioc en los 10 últimos años. Hay que encender la alerta porque el subregistro se puede estar dando en todas las provincias y regiones y consecuentemente, el encubrimiento de estos delitos y los daños irremediables en las vidas de las niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente dentro de las Instituciones Educativas que debieran protegerlos.

Estas situaciones están directamente relacionadas con el tratamiento conservador y retrógrado del sector educación, que ha expresado su indiferencia y rechazo a la Educación Sexual Integral, que permitiría que las y los escolares cuenten con las herramientas para reaccionar frente a cualquier indicio de acoso o transgresión sexual. Una educación indispensable, cuando el sistema educativo ha evidenciado flancos tan débiles que permite a los agresores sexuales ejercer la docencia con total impunidad.

La renuncia del Ministro de Educación y de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no puede esperar, pero tampoco puede esperar que las organizaciones, familias, instituciones formadoras, docentes y comunidades en general asumamos la protección y el acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes en las Instituciones Educativas, y una activa participación ante cualquier señal de abuso.