Cuando se instaló la república hace más de 200 años, no existía educación pública, la educación era privada y a cargo de la iglesia católica a discreción. En la medida que el sistema educativo se fue expandiendo llegó a las provincias y distritos, pero no fue suficiente, muchas comunidades de pueblos indígenas levantaron con sus manos las escuelas para que el estado envié un maestro y sus hijas e hijos alcancen la educación básica.

Lo cierto es que dicha educación, salvo honrosas excepciones, se impartía en los pueblos como en cualquier ciudad del país a pesar que era obvio que las niñas, niños y adolescentes de los pueblos indígenas hablaban otras lenguas distintas al castellano, por lo tanto no podían comprender lo que decía su profesor, tampoco comprendían la cultura educativa basada en la autoridad y el conocimiento del docente. Por el contrario, el propósito era castellanizar y asimilar a los indígenas a la nueva nación.

Desde la Reforma Educativa de Juan Velasco el Ministerio de Educación viene desarrollando políticas para asegurar que la educación que reciben las niñas, niños y adolescentes indígenas sea pertinente a sus culturas y se desarrolle en sus lenguas. Los mayores avances los tuvimos entre los años 2012-2019. Se multiplicó la inversión en la llamada Educación Intercultural Bilingüe-EIB, había asesores pedagógicos interculturales que acompañaban a las escuelas de inicial y primaria, y en un trabajo colaborativo con el Ministerio de Cultura se normalizaron la mayoría de lenguas originarias haciendo posible la generación de materiales educativos para las distintas realidades sociolingüísticas del país, además de otros logros importantes.

Desde entonces la EIB no ha tenido la atención merecida por el sector, en vez de avanzar sobre lo actuado y favorecer un rol más protagónico de las organizaciones indígenas, ha perdido terreno. Primero en el contexto de la pandemia y las dificultades para sostener “Aprendo en Casa“ sin conectividad ni dispositivos en los pueblos y luego con la fragilidad de los gobiernos de turno. A pesar de las buenas gestiones de algunos ministros y funcionarios, se puede afirmar que en materia de Educación Intercultural Bilingüe el Perú va en retroceso. Los lectores se preguntarán ¿Por qué las políticas educativas para las poblaciones indígenas esperaron tanto? ¿Y por qué al llegar no se han sostenido y mejorado progresivamente? Hay varias razones que lo explican: el centralismo, la discriminación, el pensamiento arcaico de muchos decisores que creen que la educación para pueblos indígenas es para asimilarlos a la cultura hegemónica o que los pueblos originarios no tienen cabida en el desarrollo. Triste, pero no entendieron nada de interculturalidad.

Este desmantelamiento también obedece a intereses de gremios magisteriales cercanos al poder central que pretenden beneficiar a sus agremiados y periferias de contratados con plazas en Instituciones EIB sin que estén calificados para educar a las niñas, niños y adolescentes indígenas en sus lenguas y culturas. El último golpe ha sido precisamente el Proyecto de Ley 6464/2023-CR presentado nada menos que por Wilson Quispe Mamani, un maestro de procedencia indígena representante por Puno, quien pretende que se apruebe una excepción para los contratos de docentes que no certifiquen el dominio de la lengua originaria para enseñar en escuelas EIB. Quispe Mamani nacido en una comunidad de Sandia ha laborado en instituciones educativas de su provincia natal en donde se habla aymara y quechua, pero parece haber olvidado que estos pueblos proceden de culturas milenarias que hoy están vivas y que necesitan una educación pertinente.

Este golpe a la EIB se veía venir desde la gestión del Ministro Becerra, el mismo que dijo: “Ni siquiera los animales exponen a sus hijos" refiriéndose a las mujeres aymaras que llevaban a sus hijos en las espaldas mientras protestaban en las calles. Desde entonces pretenden desconocer las demandas de las organizaciones indígenas y retroceder en lo avanzado.

Queda claro, ser popular, de izquierda, maestro, sindicalizado, de origen indígena u otro atributo que pareciera favorable a la conciencia de una imperiosa necesidad de asegurar el derecho a la educación, no es garantía de nada. También queda muy claro que este gobierno no gobierna a favor de los pueblos indígenas, de allí que se hayan ganado su repudio. La respuesta más sostenida ha sido y será la lucha de las organizaciones indígenas de todos los niveles que ya se vienen pronunciando, así como organizaciones de la sociedad civil que defienden la EIB. Este proyecto de ley no debe aprobarse.