Ha transcurrido un año desde que se iniciaron las protestas tras el fallido golpe de estado del Presidente Castillo, los crímenes contra los ciudadanos y la profundización de la crisis social, política, económica y ética. Con el gobierno capturado por mafias, el pacto social está roto y la democracia va en picada.

Una de las evidencias más descarnadas de la magnitud de la crisis es la impunidad de los responsables directos e indirectos del asesinato de siete adolescentes, el desprecio con el que ha actuado el Ministerio Público, y la indiferencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El gobierno de la Presidenta Dina Boluarte ha asesinado a adolescentes y no ha pasado nada. Los informes y pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales, así como del sistema de Naciones Unidas expresando su preocupación, no ha valido para acelerar las investigaciones.

El Perú suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y con ello se comprometió como garante de los derechos de cada niña, niño y adolescente en el territorio. Por cierto, dicha convención ha cumplido 34 años y toca al estado peruano rendir cuentas sobre su cumplimiento ¿Qué informará sobre estos crímenes? ¿Cómo explicará que las fuerzas policiales y militares dispararon proyectiles de armas de fuego contra los cuerpos de siete adolescentes? ¿Qué justificación dará ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño por demorar las investigaciones, no sancionar a los culpables ni reparar a los familiares?

La pregunta obligada es ¿Por qué tanto desprecio e indiferencia por la vida de los siete adolescentes? La respuesta la podemos encontrar al reconocer quiénes fueron. Veamos: David (15) nació en Pampachiri- Andahuaylas-Apurímac y fue asesinado el 11 de diciembre, cursaba el tercero de secundaria y alternaba estudios, trabajo y chacra, a la vez que participaba en el Movimiento de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de la base de Andahuaylas. Robert (16) nació en Chincheros-Apurímac y fue asesinado el 12 de diciembre, era estudiante y agricultor. Michael (15), nació en Huamanga y fue asesinado el 15 de diciembre, estudiaba y trabajaba limpiando nichos en el cementero general de Ayacucho, otras veces de mozo o jornalero. Jhonatan (17) fue asesinado el 16 de diciembre en su natal Pichanaki mientras caminaba hacia su casa luego de laborar como vendedor de pollo broaster. También se desempeñaba en la chacra de sus tíos, manejando mototaxi o vendiendo comida. Yamileth (17) fue asesinada en Juliaca - Puno el 9 de enero del presente año cuando salió con su familia a comprar alimentos. Ella estudiaba psicología en una universidad de Bolivia y era activista en la defensa de los animales. Ese mismo día y en la misma ciudad fue asesinado Elmer (16), estudiante del quinto grado de secundaria, jugaba fútbol y trabajaba con su madre en su carretilla de empanadas. A los pocos días, el 12 de enero fue asesinado Brayan(15) en la misma ciudad de Juliaca a la salida de una cabina de internet, trabajada Junto a su madre como jornalero o ambulante.

Además de ser adolescentes ¿qué es lo que David, Robert, Michael, Jhonatan, Yamileth, Elmer y Brayan tienen en común? Ser provincianos, pertenecer a un nivel socioeconómico bajo, trabajar para contribuir a la economía familiar y tener su origen en pueblos originarios. Las mismas características de los jóvenes y adultos asesinados. Saque usted sus propias conclusiones. Hay vidas que valen menos en este país y que no le importa a quienes hoy se sirven del poder.

Este gobierno será recordado, entre muchas otras cosas, como el gobierno que asesinó despiadadamente a sus ciudadanos que ejercían en las calles su derecho a la legítima protesta, y entre ellos asesinó a siete adolescentes, a quienes debía cuidar y proteger. Nos unimos al dolor de sus familiares y los mantendremos vivos en la memoria. La justicia llegará, aunque tarde, llegará.