Camila es el nombre que protege la identidad de una niña fuerte y valiente que vivió por años la violación sexual por parte de progenitor. Cuando llegó a los 13 años en el año 2017 resultó embarazada, de lo cual supo cuando alcanzó las 13 semanas de gestación, ocasionándole un profundo dolor y es a que a su corta edad sabía bien que no quería ser madre de su propio hermano. Ese hecho de por sí monstruoso e indignante prosiguió por insistencia de los servicios de salud. Ella fue captada por el sistema de salud como cualquier otra mujer y atendida en sus controles desestimando su pedido y el de su madre de interrumpir el embarazo.

Cuatro semanas después, Camila y su madre solicitaron formalmente a la fiscalía -que estaba a cargo de la investigación por violación sexual- que hagan valer su derecho de interrumpir el embarazo, pero a los pocos días, el 19 de diciembre en la madrugada le sobrevino fuertes dolores abdominales y fue llevada al hospital Guillermo Díaz de la Vega de la ciudad de Abancay donde le diagnosticaron “ruptura espontánea de membranas ovulares con eliminación de abundante líquido amniótico y sangrado transvaginal”. Había abortado espontáneamente y tuvieron que proceder a un legrado completo.

Para entonces, no solo había sufrido física y psicológicamente, sino que fue acosada en su domicilio por el Centro de Salud de Huanipaca que no estaba al tanto de su paso por el hospital y por la Policía Nacional del Perú. Como si no fuera suficiente, los pobladores de su comunidad la culpabilizaron y humillaron por lo sucedido, y ella abandono la escuela. Para enero del 2018, fue diagnosticada con depresión, indicios de abuso psicológico, situación familiar inestable y trastorno de estrés postraumático. El servicio de psicología del hospital Guillermo Díaz de la Vega la atendió apenas con tres sesiones de terapia.

En el ámbito de la justicia, Camila tuvo que enfrentar la acusación de violación sexual contra su progenitor con reiteradas declaraciones y la consecuente revictimización. A eso se suma el proceso de investigación de los servicios de salud por haberle negado el acceso al aborto terapéutico contemplado en la ley penal. No obstante, la fiscalía abrió una investigación por delito de autoaborto basándose en las declaraciones de Camila de no desear el embarazo y fue condenada por dicho delito en agosto del 2018. Después de varios procedimientos legales para su defensa, el 17 de junio de 2019 la Sala Mixta de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac revocó la sentencia condenatoria y dispuso el archivo definitivo del caso.

El 8 de octubre del 2019, Camila, representada por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX hace uso del procedimiento de comunicaciones ante el Comité de los derechos del Niño (con sede en Ginebra) amparada en el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, para dar a conocer que el estado peruano había vulnerado su derecho al negarle el acceso al aborto terapéutico, por haber sido discriminada, por haber vulnerado su derecho a la vida y a la salud y por haber interferido arbitraria e ilegalmente en su vida privada. Además, por cómo fue tratada en los servicios públicos que debieron atenderla y protegerla, incurrieron en una forma de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Con toda la documentación de sustento el caso fue admitido por el Comité de los Derechos del Niño, quien el 15 de mayo emitió un dictamen que describe todos estos hechos (en base a los cuales se ha elaborado este artículo) y en donde resuelve que efectivamente el estado peruano vulneró sus derechos, le negó el acceso al aborto terapéutico, la criminalizó, la discriminó, la ignoró en su pedido de ayuda por atención y justicia y no la protegió de la violencia, tampoco le proveyó los cuidados posteriores que requería para su recuperación física y mental.

El dictamen concluye que el estado debe otorgarle a Camila una reparación efectiva que le permita restablecerse, pero además actuar sobre sus política para: “a) despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil; b) asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes, en particular en los casos de riesgo a la vida y salud de la madre, violación o incesto; c) modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico (Guía Técnica) para prever su aplicación específica en las niñas y asegurar, en particular, la debida consideración al especial riesgo para la salud y la vida que entraña el embarazo infantil; d) establecer un recurso claro y expedito en caso de incumplimiento del procedimiento de la Guía Técnica relativo al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y asegurar la rendición de cuentas por dicho incumplimiento; e) dar instrucciones claras y brindar capacitación al personal de salud y judicial, incluida la Fiscalía, en los derechos amparados por la Convención y sobre la aplicación e interpretación de la legislación relativa al aborto terapéutico; f) proporcionar una educación adecuada en materia de salud sexual y reproductiva, y accesible a todos los niños y niñas; g) asegurar la disponibilidad y el acceso efectivo de los niños y las niñas a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la información y acceso a métodos anticonceptivos, y h) establecer un mecanismo intersectorial para evitar la retraumatización del niño o niña víctima de abuso sexual infantil y asegurar intervenciones terapéuticas rápidas y apropiadas”.

El estado peruano tiene 180 días a partir de la emisión del dictamen para informar las medidas que haya adoptado. Nos preguntamos ¿Qué responderá el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP frente a este caso tras haberse aprobado en el congreso una ley que deja sin efecto los lineamientos de aborto terapéutico en nombre del derecho a la vida del concebido? ¿Qué responderá el Ministerio de Educación que no aborda consiste y decididamente la educación sexual y reproductiva en todas las Instituciones Educativas? ¿Qué responderá el Ministerio Público cooptado por la corruptela en el poder? ¿Qué responderá el Ministerio de salud que sigue manteniendo el sistema de salud colapsado tras la pandemia?

La Defensoría del Pueblo nos recuerda que, entre enero a abril del presente año, los Centros de Emergencia Mujer han atendido 2,388 casos de violación sexual hacia niñas y adolescentes, aproximadamente 20 cada día sin contar aquellos que quedan en el silencio. Quedamos expectantes a la respuesta del estado peruano porque el caso de Camila sienta un precedente para la defensa de las niñas y adolescentes que viven situaciones similares. En Camila se encarnan todas las niñas y todas las adolescentes que quieren vivir sin violencia y estamos llamados a protegerlas y luchar con ellas.