La histórica gesta de Huanta de 1969 hizo posible avanzar hacia la gratuidad de la educación básica. Esta lucha hizo retroceder al gobierno militar que decretó que los estudiantes de la secundaria serían sancionados con cobros exorbitantes por desaprobar un curso, impidiendo su culminación y frustrando el anhelo de miles de familias de contar con un hijo con secundaria concluida. Ya bastante les había costado contar con colegios secundarios, mucho más que sus hijos accedan, pero solo con las luchas de miles de campesinos, estudiantes y maestros se afirmó la soñada gratuidad tras el asesinato de más de un centenar por las balas de los sinchis (escuadrón policial). Este hito en la historia de la educación peruana, nos recuerda que el derecho a la educación no es un regalo sino una conquista.

Pero la vida de estos mártires no fue suficiente; por décadas las madres y padres han seguido costeando los gastos de la educación pública a pesar de los esfuerzos del mismo MINEDU y de la Defensoría del Pueblo por impedir cobros indebidos y condicionantes a las matrículas. Sin ir lejos una madre de familia de San Juan de Lurigancho con dos hijas en escuelas públicas acaba de gastar S/. 500 soles en zapatos, uniforme y útiles que la docente de inicial le solicita para su hija de 5 años. Por su hija mayor que inicia el cuarto grado de primaria ha gastado en uniforme, ropa de educación física, zapatillas y la lista de útiles alrededor de S/.700 soles. Por ambas hijas, ha gastado S/. 1200 soles, más de lo que ella gana en un mes como trabajadora del hogar y sin contar lo que gastará diariamente en el transporte público y los alimentos para sus respectivas loncheras, cuotas para actividades, copias y otro tanto a lo largo del año.

En el caso de estudiantes del nivel secundaria, muchos se verán forzados a trabajar durante los meses de vacaciones a cambio de propinas o pagas exiguas porque sus madres y padres no podrán solventar sus gastos escolares. Esta realidad es común en las provincias y distritos andinos, por lo cual no es raro ver a adolescentes laborando con esmero y dignidad como estibadores, mozos, cobradores, jornaleros, picapedreros, ambulantes, mineros informales, etc. pero también en condiciones de explotación y riesgo. No nos equivoquemos, la educación pública no es gratuita, nunca lo fue, aunque lo diga la Constitución de 1993: “En las Instituciones del Estado, la educación es gratuita…” (artículo 17).

¿En qué debiera consistir la gratuidad? Comencemos diciendo que la gratuidad NO consiste en dejar de pagar derechos de matrículas o pensiones como en escuelas y colegios particulares, porque el servicio es público y el estado habilita las condiciones para hacerlo posible incluidas las remuneraciones de docentes, directivos y personal administrativo y de servicios. Todos estos gastos son solventados con dinero del tesoro público que nosotros como contribuyentes aportamos para que nos beneficie bajo la forma de servicios públicos. Por lo tanto, la gratuidad no es dádiva ni caridad para los que menos tienen. Se trata de un requisito que hace posible que ningún niño, niña o adolescente se vea impedido de gozar de su derecho a la educación, en ese sentido tiene que estar garantizada por el estado peruano. ¿Pero lo está garantizando plenamente? La respuesta es NO.

La mala distribución de los recursos públicos y la no priorización de la educación trasladan parte de los costos de la educación a las familias, que tienen que hacer mil malabares para que sus hijas e hijos cumplan las exigencias de las Instituciones Educativas, muchas de las cuales no tiene sentido alguno. El día que las niñas y niños reciban uniformes, zapatos, zapatillas, textos escolares, cuadernos, dispositivos electrónicos, alimentación escolar completa y transporte sin costo, podemos decir que se ha conseguido la gratuidad de la educación pública. ¿Y eso es posible? Sí lo es, el Perú es un país de Índice de Desarrollo Humano alto y debiera invertir en la educación, aunque la mayoría congresal siga protegiendo las grandes fortunas y cuidando los intereses de los más poderosos. Si la educación pública fuera una prioridad para todos y no solo para las madres, padres y adolescentes sacrificados, la gratuidad plena sería una realidad en cumplimiento al justo derecho a la educación que nos asiste a todas y todos.