Hay un entendimiento común que bajo una estructura de poder en distintos ámbitos y dimensiones de la vida hay quienes mandan y quienes obedecen, por ejemplo, los subordinados a los jefes, los niños a los adultos, los ciudadanos a las autoridades. Pero la obediencia no puede ser ciega, muda, ni irracional, implica escuchar, entender y consentir, por lo tanto, es un acto que emerge de la voluntad y conlleva una decisión, la de obedecer. Lo que también está presente en el entendimiento común es que ante la desobediencia procede la sanción, bajo la forma de castigo, penalidad, represión, etc.

Hemos avanzado como sociedad a asumirnos como parte de un estado de derechos que nos permite reconocernos entre todas y todos como sujetos de derechos y también de deberes, todos ellos establecidos y salvaguardados en un sistema social y político que dinamiza un conjunto de instituciones –entre ellas la familia y la escuela- para que funcionemos como sociedad, pero en los últimos meses parece que los gobernantes y legisladores lo han olvidado. Se ha naturalizado que, así como los niños deben obedecer a los adultos y sus normas, los ciudadanos deben obedecer a sus autoridades y a las leyes por más absurdas que sean. Incluso hoy en el siglo XXI, hay quienes asumen que las parejas mujeres deben obediencia a sus parejas varones. Estas burdas “infantilizaciones” de la obediencia solo perpetúan relaciones de poder abusivas para subordinar y validar el poder de quienes mandan, negando con ello la racionalidad humana, el diálogo y el entendimiento.

Bajo el adultocentrismo instalado en la mayoría de sociedades se asume que los adultos ordenan y los niños, niñas y jóvenes obedecen para someterlos bajo su poder negando su capacidad de agencia y respuesta. La desobediencia de padres a hijos se sanciona con el castigo físico o psicológico, en el ámbito escolar también se sanciona con humillaciones, golpes o bajas calificaciones. Hecho esto, se deja muy en claro que las normas son incuestionables, que se obedecen a rajatabla y que los adultos se encargan de su cumplimiento por las buenas o por las malas.

¿Y qué sucede cuando los ciudadanos -adultos o no- cuestionan el poder de sus autoridades y las normas que emiten precisamente porque transgreden sus derechos? Lo que vemos en estos últimos meses en medio de la crisis social y política es que se les sanciona de diferentes formas, igual que a los niños y jóvenes en los hogares o centros de estudio. Si la obediencia es una actitud de respuesta voluntaria que implica escucha, entendimiento y consentimiento ¿Por qué se pretende forjar con autoritarismo y bajo amenaza? A mi juicio, la intención detrás de la máxima autoridad del sector educación no es favorecer la obediencia sino la sumisión y eso contraviene el propósito mismo de la educación bajo cualquier teoría o enfoque.

Quienes gobiernan y legislan nuestro país en su mayoría, pretenden ser padres autoritarios y represivos que gritan y castigan a sus hijos cuando desobedecen y luego les dan una golosina para congraciarse; o tal vez se parecen más a los “hombre-machos” que golpean, disparan o queman a sus parejas hasta matarlas porque no actúan como ellos quieren; o como el docente que con vara en mano pasea entre las carpetas presto a golpear la cabeza del niño que habla o se distrae. Que no pretendan que la ciudadanía sea silenciosa, sumisa y acate dócilmente sus gestiones, sus actos, sus leyes absurdas, su insana represión, porque lo que seguirán recibiendo a cambio es repulsión y desaprobación, como se evidencia en varias encuestas recientes. Que no se confunda el Ministro de Educación, a los docentes les corresponde fortalecer a sus estudiantes para que sean capaces de actuar con juicio propio y tomar las decisiones más convenientes para sí mismos y para su entorno y no una educación para la sumisión y la vergüenza.