Más de 100 días y no se vislumbra una salida a la crisis social y política que estamos viviendo en el país, pero habrá un desenlace de todas maneras y como en muchos momentos de la historia, la fuerza del pueblo puede precipitarlo y abrir paso a otra etapa que nos permita vivir con dignidad, recuperar el estado de derecho y volver a la democracia.

Uno de los derechos más vulnerados en el último año es el derecho a la educación. Tras la pandemia muchos nos ilusionamos con una gran inversión que permita recuperar a los cientos de miles de estudiantes que quedaron en la práctica expulsados del sistema educativo, por no contar con conectividad ni dispositivos para la virtualidad o porque sencillamente tenían que doblar esfuerzos para aportar al sustento familiar ante la muerte de una madre o un padre, o porque sus familias tuvieron que enfrentar gastos excesivos en salud. Es claro quiénes son los que quedaron fuera del sistema educativo, los más empobrecidos, los indígenas, los afroperuanos. La gran inversión no llegó, la reforma tampoco. La situación antes y después de la pandemia es casi la misma.

No son los únicos que no llegarán a las Instituciones Educativas. De los 48 fallecidos en enfrentamientos en medio de la crisis, siete eran adolescentes con edades entre 15 y 17 años procedentes de Apurímac, Ayacucho, Junín y Puno. No solo dejaron un espacio vacío en sus hogares, también una carpeta vacía en sus colegios, academias y universidades y un sentimiento de desolación entre sus compañeras y compañeros. Entonces no son solo cifras de vidas extinguidas a fuego, es el retrato de un estado deshumanizado que asesina a sus hijas e hijos más pequeños sin inmutarse, sin una lágrima, sin la más mínima vergüenza.

Hay muchos más que no llegarán. Qué pasará con los que fueron heridos en las protestas, qué pasará con las hijas e hijos de las víctimas adultas asesinadas, heridas y hoy postradas, qué pasará con las niñas, niños y adolescentes con sus padres privados de libertad impunemente por ejercer su legítimo derecho a la protesta, qué pasará con aquellos que sin poder acceder a los servicios de salud para sus cirugías y tratamientos han quedado más vulnerables. Nuevamente repasemos quiénes son estas niñas, niños y adolescentes asesinados, heridos, en orfandad, en mayor precariedad económica, con la salud en riesgo: son los mismos, los más empobrecidos, los de las “provincias”, los indígenas, los afroperuanos.

Pensemos ahora en todas las niñas, niños y adolescentes que están viviendo el embate del ciclón Yaku, con sus casas destruidas o dañadas y sin pertenencias, por supuesto con el mismo perfil que los anteriores. Porque así como un extinto ex presidente de la república dijo que los indígenas no son ciudadanos de primera clase-por lo tanto serían de segunda clase- también hay niños de segunda clase en la realidad, sin que valga la universalidad de sus derechos, la no-discriminación o el interés superior del niño, principios fundamentales que comprometen a los estados a velar por todas y todos sin excepción. Lo cierto es que el estado peruano no cuida a sus niñas, niños y adolescentes, ni porque son presente ni porque son futuro. No parece importarle.

Así comienza el año escolar, llegarán los que pueden y los demás no llegarán. Muy lamentable que el ministro de educación no esté haciendo todo lo necesario para cambiar esta situación. Ya no se trata únicamente del gobierno de una presidenta con 77% de desaprobación sino de su enorme incapacidad para cumplir los mínimos estándares que se espera de un país de índice de desarrollo humano alto. Vergüenza.