Han transcurrido dos meses desde el inicio de las protestas por la asunción al poder de Dina Boluarte y su máquina represiva de la mano de su primer ministro Otárola y en complicidad con la mayoría congresal. El adelanto de elecciones no llega y la renuncia no se anuncia, aunque el grito #NiUnMuertoMás sea cada día más ensordecedor.

Decenas de miles de personas se han sumado a las protestas, sea en las calles, movilizando la solidaridad, desde las redes sociales y con apoyo de un amplio sector de la población, aunque no participen directamente. Pero, hay sectores que tienen miedo y desde sus privilegios se incomodan y afirman que la protesta no tiene sentido y no llegará a ningún lado. Otros, hacen eco a las campañas más sórdidas y engañosas orquestadas desde la derecha más bruta y achorada y sus medios todopoderosos con el objetivo de desprestigiar la legítima protesta.

Una de las fuentes principales del miedo y desprestigio del derecho a la protesta es el terruqueo, un insulto ponzoñoso con el que se pretende invalidar a los otros, silenciarlos, estigmatizarlos, negarles su derecho a manifestarse censurando su apariencia, procedencia, pensamiento, cultura o posición política. El terruqueo fue gestado en los relatos hegemónicos de las llamadas fuerzas del orden, sectores conservadores de la sociedad y el fujimorismo desde el tiempo del Conflicto Armado Interno (Ver: https://terruqueo.pe/).

El terrorismo es otro asunto, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OHCHR: “…el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes”, también indican que el terrorismo y el extremismo violento violan los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas (https://bit.ly/3YZyZ1w). Durante el Conflicto Armado Interno (1980-2000) los enfrentamientos entre los partidos alzados en armas y las fuerzas policiales y armadas incurrieron en actos terroristas acabando con la vida de más de 70,000 peruanas y peruanos, la mayoría indígena con una lengua distinta al castellano.

22 años después asistimos a una represión masiva y violenta de poblaciones que hacen uso de su legítimo derecho a la protesta amparado constitucionalmente, para ello la policía y las fuerzas armadas realizan actos de intimidación y coerción brutal y despiadada contra manifestantes, transeúntes, instituciones, organizaciones e incluso contra los heridos, defensores y brigadistas. Sin hacer distingos por la edad, han resultado hasta el momento 7 adolescentes asesinados.

En este contexto, las conclusiones de la misión argentina de solidaridad internacional y de derechos humanos; el avance del informe de investigación de Amnistía Internacional en torno a los asesinatos de civiles; y el realizado por el Instituto de Defensa Legal alrededor de seis homicidios en manos de las fuerzas armadas en Ayacucho el 15 de diciembre, revelan que durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte se ha disparado directamente a la cabeza, tórax y abdomen de los ciudadanos con armas letales en las regiones y provincias del sur, predominantemente quechuas y aymaras ¿Estamos ante actos de terrorismo de estado? Juzgue usted mismo. Hay quienes repetimos: esta democracia no es democracia.

Se ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 14 de marzo en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la Provincia Constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, así como en varios tramos de carretera. Con el control interno de la policía respaldada por las fuerzas armadas en estos territorios, el ejercicio de nuestros derechos como peruanas y peruanos está bajo amenaza.

Nos toca pensar, reflexionar y darnos cuenta que estamos viviendo un periodo de violencia institucional y política alarmante y que el estado peruano está cometiendo actos terroristas en contra de las y los ciudadanos. Sendero luminoso en cualquiera de sus versiones es hoy un fantasma que atormenta nuestra memoria. Lo que vemos todos los días es a efectivos policiales y del ejército intimidando, maltratando, abusando y asesinando a sus propios hermanos, en un fratricidio con sabor a racismo y odio del cual la justicia se tendrá que encargar tarde o temprano.