Con el asesinato de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca (55) a manos de la Policía Nacional del Perú, suman 68 los fallecidos en medio del conflicto social y político en el transcurso de 50 días, sin contar los 1,212 heridos según los reportes del MINSA (76,3% corresponde a civiles).

En este contexto ninguna muerte se justifica, tampoco la de José Luis Soncco Quispe, efectivo policial asesinado en Juliaca, cuyo padre en medio de su dolor responsabilizó a Dina Boluarte. Es claro, hay responsables políticos de lo que estamos viviendo y tendrán que pagar por ello porque lejos de brindar una salida a la crisis, el ejecutivo, el congreso, medios de comunicación hegemónicos y muchos líderes de opinión siguen exacerbándola en una clara muestra de incapacidad política y ética. Tampoco podemos obviar la evidente pérdida de humanidad que caracteriza la cultura policial y castrense y que ha alimentado por siglos el imaginario popular. Junto con el racismo, el clasismo y la discriminación -muy común entre las peruanas y peruanos- lo que tenemos es una olla de odio que sigue cocinándose en un sector de la población, precisamente entre los más privilegiados y poderosos.

Una de las evidencias más elocuentes de la pérdida de humanidad de nuestras autoridades y un sector de la población, se expresa en la indiferencia que han mostrado frente a la muerte de 10 niñas, niños y adolescentes, siete de ellos asesinados por las llamadas fuerzas del orden y tres por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo, como lo reporta la Defensoría del Pueblo. Si bien no podemos honrar las vidas de estas niñas, niños y adolescentes indicando sus nombres, se mencionan algunos datos relevantes con el único objetivo de solidarizarnos con sus familias y lugares de origen, así como movilizar indignación y exigir justicia según corresponda.

Fueron siete adolescentes con edades entre 15 y 17 años alcanzados por proyectiles de la PNP y FFAA en medio de las protestas, cuerpos atravesados y mutilados sin razón alguna. La primera víctima fue D.A.Q (15) asesinado en Andahuaylas el 11 de diciembre y al día siguiente R.P.M.L (16) en Chincheros, ambos en la Región Apurímac. La tercera víctima fue C.M.R.A (15) asesinado en Huamanga-Ayacucho el 15 de diciembre y al día siguiente fue J.T.C (17) en Pichanaqui – Junín. Las otras tres víctimas adolescentes fueron asesinadas en la Región Puno, se trata de la adolescente Y.A.H (17) en San Román y E.Z.L.H en Juliaca el 9 de enero; y B.A.J (15) también en la provincia de Juliaca el día 12 de enero. Las familias de estas víctimas no merecen el juicio de los ajenos que los culpan por no cuidarlos, porque se trata de adolescentes que decidieron protestar haciendo uso de su derecho legítimo, el mismo que nos asiste a todas y todos sin distinción de edad, o porque simplemente vivían o transitaban cerca de los enfrentamientos.

A raíz de los bloqueos otros tres niños, niñas y adolescentes también murieron. Según un medio local el adolescente E.V (17) falleció al ser atropellado por una camioneta mientras participaba en el bloqueo de la Panamericana Norte a la altura de Virú – La Libertad el día 14 de diciembre. Este año hubo dos víctimas más, se trata del recién nacido S.A. y D.O.H (1). Según algunos medios el primer bebé iba en una ambulancia que chocó y luego fue impedida de continuar su marcha debido al bloqueo a la altura de Chucuito-Puno el día 9 de enero; en el segundo caso, el niño estaba siendo trasladado en un vehículo particular y fue impedido de transitar a la altura de Oropesa – Cusco el 24 de enero.

En un país firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, con políticas y leyes que los favorecen, y con un sistema nacional de protección integral, lo que se espera es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público, el Congreso de la República y la misma presidenta se pronuncien de inmediato y dispongan todos los recursos que se requiere para iniciar las investigaciones, encontrar a los responsables y penalizarlos como corresponde, así como brindar el apoyo a las familias, junto con los gobiernos regionales y provinciales recién entrantes. Los mismo corresponde con la totalidad de las víctimas jóvenes y adultos, que dejan lugares irremplazables entres sus seres queridos y una marca profunda y dolorosa en todas y todos los que sentimos que esta situación ya no puede continuar.