El Conflicto Armado Interno-CAI ocurrido entre 1980-2000, no es un capítulo cerrado en la historia del Perú, es una herida abierta y dolorosa, un acontecimiento que acabo con miles de vidas, destruyo familias, comunidades y organizaciones, que tiene un antes y un después, y que aún no terminamos de comprender.

Hace unos días el pleno del congreso aprobó el Proyecto de Ley 291 presentado por una congresista de Fuerza Popular –representante del fujimorismo- con el voto de bancadas que no han evidenciado respeto ni voluntad política para con las víctimas del conflicto armado interno. No obstante, aprueban una ley que pretende imponer un curso de Historia del Terrorismo en el Perú. Analicemos la inviabilidad de esta ley.

Inviabilidad ética: El encubrimiento de la verdad

En el año 2001 se instaló la Comisión de la Verdad y Reconciliación para dar cuenta del CAI. Después de una ardua labor entregaron el Informe Final, un texto amplio y polifónico que recoge testimonios de víctimas y victimarios, actores sociales y políticos y expertos en varias disciplinas. Contiene múltiples relatos que dan cuenta de lo que aconteció, explica cómo llegamos hasta allí, qué consecuencias nos trajo y que recomendaciones debe seguir el estado peruano para no volver a vivir otro acontecimiento similar. Hoy es una fuente para el aprendizaje, la investigación, la literatura y el arte, con el propósito de seguir alimentando la memoria colectiva en torno a lo vivido durante ese periodo.

Pretender crear una historia del terrorismo basada únicamente en las responsabilidades de los grupos alzados en armas como lo señala el PL 291, es negar que las fuerzas armadas y policiales no tuvieron responsabilidad. Desde el Derecho Humanitario, el Conflicto Armando Interno se define como enfrentamientos armados prolongados entre las fuerzas armadas gubernamentales de un estado y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados. Eso fue precisamente lo que vivimos y los civiles quedamos atrapados entre dos fuegos. Durante esos enfrentamientos, se cometieron toda clase de crímenes por ambos lados que constituyeron violaciones a los derechos humanos con un saldo de alrededor de 70,000 víctimas, la mayoría indígenas según el Informe de la CVR.

Inviabilidad política: ¿Se busca la paz y prevenir otro CAI o qué cosa?

Miremos el caso colombiano. Después de emitido el Informe final de su Comisión de la Verdad en junio pasado, el gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez dispusieron ni bien llegados al poder, su amplia divulgación. Una de las estrategias más interesantes ha sido declarar el día del Informe en la totalidad de instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional, para lo cual realizaron la primera jornada pedagógica “La Escuela abraza la Verdad” el 12 de agosto a cargo de Educapaz, una alianza de organizaciones de la sociedad civil. Y es que el gobierno de Petro ha asumido que: “la verdad es la base de la paz”.

Si bien el camino hacia la verdad es largo y está plagado de engaños y encubrimientos, no podemos seguir postergando la indispensable tarea de conocer y comprender lo que sucedió en nuestro país antes, durante y después del Conflicto Armando Interno. Para ello podemos emular la experiencia colombiana y echar mano de los múltiples recursos pedagógicos existentes para desarrollar jornadas en todas las instituciones educativas del Perú e impulsar las cátedras para la paz en todas las universidades.

Informarnos y prevenir otro acontecimiento similar es uno de los objetivos, pero hay otros igual de importantes: reconocernos para convivir mejor superando las desigualdades abismales que nos separan; y lograr la justicia que legitima el Estado de derecho y compensa de alguna manera las pérdidas humanas, exigiendo que las y los responsables políticos y materiales de todos los actos abominables y crímenes de lesa humanidad sean penalizados según corresponda.

Inviabilidad pedagógica: Los estudiantes no son recipientes

Desde el año 2016 los contenidos curriculares en el Perú se desarrollan por competencias orientadas por el Currículo Nacional de Educación Básica - CNEB, dos de ellas son: “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” y “Construye interpretaciones históricas”. De tal modo que, los estudiantes de secundaria puedan egresar desenvolviéndose como ciudadanos, pero además competentes para interpretar lo sucedido en el pasado y lo que viene sucediendo en el país y en el mundo usando su juicio crítico. El enfoque por competencias deja atrás la práctica docente transmisora de contenidos para concentrar esfuerzos en el desarrollo de aprendizajes que permita a los estudiantes caminar por el mundo asumiendo sus responsabilidades, ejerciendo derechos, viviendo en sociedad y transformando su realidad para una vida en paz.

El PL 291 aprobado en el congreso debe ser observado y rechazado por el ejecutivo. No solo escapa a los enfoques modernos de la educación, sino que se sostiene en visiones sesgadas de la realidad al imponer una narrativa en torno a la subversión y el terrorismo. A fin de cuentas, medias verdades que no nos permitirán transitar hacia la paz y la reconciliación.